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El Gobierno investigará a las clínicas de salud privadas por posible "cartelización"
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017
La Comisión Nacional de Defensa a la Competencia multó por $ 23 millones a 15 instituciones en Salta y a la asociación que las nuclea en esa provincia por fijar precios de referencia y abrió una investigación de oficio en todo el país
Con el objetivo oficial de incidir en el mejoramiento de los costos y la calidad de la salud para los consumidores, el Gobierno anunció este mediodía que iniciará de oficio una investigación a clínicas y sanatorios privados de todo el país por posible cartelización de precios.
Como ejemplo de las actitudes que comenzarán a investigarse en todo el territorio nacional, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) multó por $ 22.768.860 a 15 clínicas de la provincia de Salta y a la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisasa) de ese distrito por "cartelización de precios", según informaron el presidente de la CNDC, Esteban Greco, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, en un encuentro con los medios.
Tras encontrar los "acuerdos colusivos entre competidores", según palabras de Greco, la CNDC abrió de oficio una investigación sobre el comportamiento de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) "por la elaboración y difusión a sus asociados de los valores referenciales para las prestaciones sanatoriales".
"El comportamiento de Confeclisa podría encuadrar dentro de las conductas prohibidas por la Ley de Defensa a la Competencia, como posible fijación, concertación o manipulación del precio de venta o compra de bienes o servicios, o el intercambio de información con el mismo objeto", indicó un comunicado de Comercio, que agregó: "O la fijación, imposición o práctica de acuerdos de competidores en relación a precios y condiciones de compra o venta de bienes, prestación de servicios o de producción".
La resolución que fija las multas para los sanatorios privados salteños, en tanto, fue dictado en el marco de actuaciones iniciadas en junio de 2012 por la CNDC a raíz de una denuncia remitida por la Secretaría de Defensa al Consumidor del Ministerio de Gobierno salteño.